“Dreamers”, ¡no tengan miedo!

MIAMI - Funcionarios del servicio de Ciudadanía e Inmigración anunciaron una serie de medidas para implementar a partir del 15 de agosto la política anunciada en junio por el presidente Barack Obama y dijeron que no les preguntarán a los jóvenes si tienen o no un número de seguridad social, algo que preocupa a numerosas personas sin documentos que han obtenido ese número de manera irregular para poder trabajar.

Los anuncios fueron efectuados por el director de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios del departamento de Seguridad Interior en una conferencia de prensa telefónica, y tuvieron lugar pocos días antes de que se venza el plazo de dos meses fijado para el comienzo de la implementación de las medidas.

El 15 de junio el presidente Barack Obama anunció una política de "acción diferida" ("deferred action" en inglés) que suspende por dos años las deportaciones de jóvenes inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres de forma ilegal cuando eran niños.

De acuerdo con este programa, los jóvenes podrían evitar su deportación si demuestran que tienen 30 años o menos, han estado en Estados Unidos al menos cinco años, llegaron antes de cumplir 16 años, concluyeron sus estudios en una secundaria estadounidense u obtuvieron un certificado de aprobación del examen en inglés de Desarrollo Educativo General, o se encuentran actualmente en la escuela y no tienen antecedentes penales.

El ABC del plan, infórmate si calificas.

La medida les permite también solicitar un permiso de trabajo de dos años de duración, que puede ser renovado.

Unos 800,000 jóvenes podrían beneficiarse con el programa, según cálculos del gobierno.

Un funcionario de alto rango del departamento de Seguridad Interna (DHS) dijo que los jóvenes inmigrantes sin papeles que estén interesados en participar del programa deberán abonar 465 dólares a partir del 15 de agosto al momento de presentar su solicitud.

Las autoridades dijeron que otorgarán un número limitado de exenciones para quienes no tengan cómo pagar la tarifa. Pero se espera que los costos sean asumidos por los solicitantes, y no los contribuyentes. El costo total del programa dependerá de la cantidad de personas que presenten solicitudes para beneficiarse.

La solicitud de suspensión de la deportación podrá ser renovada por dos años más, como sucede con el programa Estatus de Protección Temporal (TPS) y que ha sido emitida para ciudadanos de algunos países centroamericanos.

El funcionario aseguró que el hecho de haber manejado sin licencia o en estado de ebriedad, por ejemplo, no serán considerados como un delito grave por las autoridades al momento de evaluar si les conceden o no los beneficios de la "acción diferida".

Sin embargo, quienes proporcionen información falsa en el acuerdo de confidencialidad serán procesados por fraude, indicó.

Desde que fue anunciada esta nueva política, algunos grupos de inmigrantes y de "dreamers" han realizado numerosos foros comunitarios en todo el país para informar a inmigrantes sobre la iniciativa.

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