“Dreamers”: El que espera…

PHOENIX (Arizona) Juan C. un joven sin papeles que vive en los Estados Unidos desde los dos años de edad, pensó que era una broma cuando escuchó al presidente Barack Obama decir que le daría inmunidad de la deportación a jóvenes como él.

Por momentos este mexicano de 17 años se sintió más cerca de conquistar su sueño de ser boxeador profesional, pero también lo invadió el temor de que sus antecedentes policiales le impedirían acceder a este beneficio.

"No podía creerlo", dijo Juan C. quien pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a que revelar información sobre varias detenciones como juvenil por infracciones menores pudieran afectarlo.

Miles de jóvenes sin papeles como él viven momentos de gran ilusión e incertidumbre a la espera de saber cómo va a ser el proceso para solicitar esa inmunidad y un permiso de trabajo temporal por dos años, otra promesa de Obama.

Algunos cuentan con acceso a un abogado, información de grupos comunitarios para evitar ser presas de un fraude, pero otros como Juan C. apenas saben por dónde empezar.

El 15 de junio Obama anunció que su administración ofrecerá una acción diferida que permita a estos jóvenes inmigrantes que cumplan con ciertos requisitos permanecer en el país de forma temporal sin ser deportados.

La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tiene un plazo de 60 días para dar a conocer las reglas para solicitar la acción diferida. Hasta la fecha la única información oficial sobre estos cambios proviene de un memorándum que publicó Janet Napolitano, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el memorándum, el plan les otorga inmunidad de deportación a los jóvenes sin papeles si fueron traídos a los Estados Unidos antes de que cumplieran 16 años, tienen menos de 30 años y han estado en el país por lo menos cinco años. Deben haberse graduado de una escuela secundaria en los Estados Unidos, haber obtenido el equivalente de un diploma de secundaria (GED) o haber servido en las fuerzas militares. No pueden tener antecedentes policiales ni representar una amenaza a la seguridad nacional o pública.

No está claro si los antecedentes policiales de Juan C. por infracciones cometidas siendo menor de edad le impedirán acogerse a esta programa.

Juan C., no obstante, se ilusiona con que podrá regularizar su situación, lo que le daría "una oportunidad de empezar de cero", según sus propias palabras.

Juan C. se crió en un barrio de Phoenix peligroso donde había balaceras a diario. "Me acostumbré a eso y empecé a juntarme con malas influencias", dijo el mexicano. "Había pandilleros que querían golpearme y yo tenía que defenderme".

Fue detenido varias veces.

"La primera vez que me metí en problemas fue por pintar graffiti", recordó. "Desde entonces la policía me tenía como pandillero".

En una ocasión fue arrestado por pelearse con alguien y enviado a un Centro Correccional de Menores en el que pasó casi seis meses. Su último arresto fue hace un año por posesión de marihuana, que, asegura, pertenecía a un amigo.

En los últimos cuatro años ha estado en libertad condicional. Dejó de estudiar y comenzó a pensar en hacerse boxeador.

Varios abogados de inmigración coinciden en que todavía hay muchas interrogantes sobre cómo las autoridades inmigratorias contemplarán los casos de jóvenes como Juan C., que tienen antecedentes policiales como juveniles.

"No se sabe. Todavía no tenemos todas las respuestas", dijo la abogada de inmigración Judy Flanagan. "Desafortunadamente, las reglas parecerían descartar a cualquier persona que haya sido convicta de un crimen".

Sin embargo, explicó Flanagan, en los casos de menores de edad que cometieron un delito y fueron procesados por el sistema juvenil es un poco diferente porque generalmente la ley de inmigración no toma en cuenta las ofensas cometidas por una persona siendo menor de edad.

José Peñalosa, otro abogado de inmigración, opinó que mucho dependerá posiblemente de la discreción de las autoridades migratorias y de cómo valoren cada caso individual.

"Me da pena por muchos de estos jóvenes, porque algunos viven en un medio ambiente donde no tienen oportunidad, pero al final del día Inmigración puede decir: 'La vida está llena de decisiones y eso es lo que eligieron'", expresó Peñalosa.

A diferencia de Juan C., Itzel Carreón, de 22 años, oriunda de Sonora, México, piensa que es un candidata ideal para recibir este beneficio. Tiene antecedentes impecables como estudiante, jamás tuvo líos con la policía y conoce varios abogados que le han ofrecido ayudarla a hacer los trámites.

"Hay que tener paciencia porque pueden pasar muchas cosas en estos próximos días", dijo Carreón.

La joven llegó a los Estados Unidos cuando tenía poco más de un año para que su familia mormona pudiera sellarse en esa fe en un templo en la Ciudad de Mesa, pero por necesidades económicas decidieron quedarse.

Carreón está estudiando para ser contadora en una Universidad en Nuevo México porque es menos costoso que en Arizona, donde los estudiantes tienen que pagar una matrícula escolar más costosa por carecer de documentos legales.

La joven forma parte de un grupo que se autodenomina como "dreamers", o "soñadores", que aboga por la aprobación del Dream Act, un proyecto de ley que busca regularizar la situación de estos jóvenes traídos ilegalmente al país de niños. La legislación fue presentada por última vez en el Congreso en el 2010 y rechazada en el Senado.

Quienes logren acogerse a la acción diferida podrían permanecer de forma temporal en el país pero no tendrían acceso a la residencia legal ni la ciudadanía.

"Es un respiro, pero no es algo con lo cual nos podemos quedar satisfechos. Uno no hace los planes de vida en dos años", dijo Carreón, que llegó ilegalmente a los Estados Unidos con su familia cuando tenía poco más de un año de edad.

Carreón afirmó que espera más y no cejará en sus esfuerzos hasta que se apruebe el Dream Act.

"Quiero que este país reconozca que soy tan americana (estadounidense) como la persona a mi lado, que soy tan digna de quedarme en este país como el estudiante que se están trayendo de la China", dijo la joven.

El gobierno calcula que cerca de 800,000 estudiantes podrían beneficiarse de la acción diferida.

Los sectores que abogan por los derechos de los "dreamers" han estado realizando foros para enfatizar que todavía no se sabe cuál será el proceso para solicitar este beneficio y advertir contra el fraude de quienes ofrezcan realizar un trámite que aún no existe.

"Ha habido mucho fraude, mucha pregunta, mucha inquietud. Tienen que estar alertas", dijo Reyna Montoya, vicepresidenta de la Coalición de Arizona por El Dream Act (ADAC). "Somos una población vulnerable, especialmente los que no han estado en el movimiento".

"Vemos que hay anuncios en los periódicos donde están diciendo que van a dar descuentos", dijo Dulce Matuz, una joven activista de ADAC.

Cynthia Moreno, de 18 años es una joven sin papeles que no está conectada con estos movimientos estudiantiles y se siente hambrienta por información.

"Me acabo de graduar y no sabía qué hacer. Quiero ir a la universidad pero es muy caro para nosotros, que no tenemos papeles", dijo la joven. "Esto me dio una esperanza de que sí voy a poder seguir estudiando".

De poder obtener la acción diferida, Moreno podría pagar una matrícula escolar más económica en el estado de Arizona, que actualmente impone costos de no residentes estatales a los estudiantes sin papeles.

La madre de Moreno ya está buscando su diploma del jardín de infantes y sus fotos de la escuela para comprobar todos los años que la joven ha estado viviendo en el país. Mientras tanto Moreno ahorra el dinero que gana como niñera y vendiendo productos de belleza para solventar los posibles costos de una solicitud.

"Me da un poquito de miedo si están pidiendo muchos requisitos. Qué tal si yo no tengo un requisito de esos y no me vayan a aceptar", expresó.

Moreno se siente un poco perdida a la hora de encontrar información y sufre pensando que mientras ella está cerca de obtener un documento, aunque sea temporal, su padre sigue enfrentando el peligro de una deportación.

"Nosotros nunca hemos estado separados. Yo no puedo estar separada de mi esposo y nuestros hijos no sabrían qué hacer sin nosotros", dijo su madre, Lorena, oriunda de Chihuahua, México quien tampoco tiene documentos. Pero a su vez reconoció que "irnos no es una opción para nosotros, porque allá la violencia está a la orden del día".

"Sale uno a la calle y lo secuestran", dijo sobre lo que escucha de su familia en México.

En medio de un año electoral algunos jóvenes como Carreón opinan que la decisión de Obama fue motivada por consideraciones políticas. Otros se preocupan de que las cosas pudieran cambiar si los votantes eligen al candidato republicano Mitt Romney, quien postula mano dura hacia los extranjeros sin papeles y podría no renovar la inmunidad de deportación ofrecida por el presidente.

Juan C. dijo que está contento con las posibilidades por delante pero se entristece seguido pensando en su padre, que fue deportado hace cuatro meses, después que la policía lo detuvo por exceso de velocidad manejando de camino a una tienda. Esa fue una de las razones por las que dejó de ir a la secundaria, pero asegura que reanudará sus estudios en agosto.

La decisión de la Corte Suprema que ratificar una cláusula de la ley SB 1070 que obliga a la policía a verificar el estatus migratorio de una persona detenida hace que la acción diferida en Arizona sea un respiro para muchos.

Se espera que las policías locales empiecen a implementar este aspecto de la ley en cualquier momento.

Se espera que las policías locales empiecen a implementar este aspecto de la ley en cualquier momento, dependiendo de la tramitación de un recurso que busca frenar la ley nuevamente con el argumento de que podría resultar en violaciones a los derechos civiles.

Para Juan C. el futuro es incierto, incluso si consigue el beneficio de los "dreamers".

"Al principio pensaba no, no quiero papeles. Pensé que era una trampa", agregó. "Me dan papeles a mí. ¿Y a mis padres qué?".

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