Maryland rompe el molde

ANNAPOLIS (Maryland) - Los electores en Maryland aprobaron que los inmigrantes sin papeles paguen cuotas escolares como residentes del estado en universidades públicas, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.

Maryland es así el primer estado de Estados Unidos en aprobar por el voto popular, una versión del Dream Act.

Los inmigrantes sin permiso legal de residencia podrán recibir ese beneficio si asisten a una secundaria de Maryland durante tres años y si sus padres pueden demostrar que pagaron impuestos estatales por ingresos durante ese tiempo.

"Nos regocijamos y elogiamos que la gente de Maryland puso a nuestro estado al frente como ejemplo para otros estados y para nuestro presidente sobre cómo tratamos al ajeno entre nosotros", dijo el obispo Douglas Miles, presidente de la Fundación Areas Industriales de Maryland, un consorcio de congregaciones, escuelas y grupos comunitarios del estado que ha sido un fuerte partidario de la propuesta electoral.

Kevin Bruffey, de 35 años, dijo que el Dream Act podría traer consecuencias financieras. Describió a Maryland como un estado que ya es "santuario" para los inmigrantes ilegales debido a otras leyes y consideró que esta ley atraerá más al estado.

"Será una enorme carga para el contribuyente", indicó.

En junio Obama implementó la nueva política que permite que algunos hijos de inmigrantes indocumentados eviten la deportación si concluyen la universidad o se enlistan al ejército.

La gente de Maryland enfrentó una variedad de decisiones de alto perfil este año, incluyendo si permitían el matrimonio homosexual y ampliaban la legalización de juegos como el blackjack y un casino. Los votos estaban muy cerrados en ambas medidas.

En otra medida, los electores del estado aprobaron que se rediseñe el mapa distrital legislativo del estado. Los que se oponen a la medida se negaban por considerar que podría favorecer a los demócratas.

Los electores también aprobaron enmiendas constitucionales que requieren que las autoridades sean suspendidas del cargo si son condenadas por ciertos crímenes y retiradas automáticamente si se declaran culpables o no responden. Eso endurece la actual ley, que sólo los retira de sus cargos cuando son sentenciados.

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