El Department of Homeland Security (DHS) anunció que revisaría más de 300,000 casos de deportación pendientes, para identificar aquellos casos sin antecedentes criminales, que no son prioritarios para el DHS y que merecen que su deportación sea reconsiderada o su caso sea cerrado. Dicha iniciativa fue oficialmente anunciada en noviembre del 2011 y se supone que continuaba en ejercicio en el 2012. Al respecto el DHS ha hecho público datos estadísticos de esta iniciativa en tres oportunidades. Lo cierto es que mientras se revisan caso por caso de los primeros 290,000 procesos de deportación la cifras que se han hecho públicas hata la fecha, son por demás desalentadoras para los defensores de los derechos de los inmigrantes. En realidad, hasta la fecha no más del 7% de los procesados han sido considerados para que se sus casos se cierren administrativamente. Mas aun mientras aumenta la revisión de los casos se expande los procesados que califican para que sus casos sean cerrados disminuye. Por lo tanto, la relación entre el numero de inmigrantes que están en proceso de ser deportados y los que califican para que se cierren sus casos, como consecuencia de la revisión "caso por caso" del DHS, representa un numero significativamente menor. El The Immigration Policy Center, ha elaborado un detallado análisis de los resultados de esta iniciativa del gobierno y demuestra que no existe una verdadera intención por detener las deportaciones que afectan la vida de millones de familias y jóvenes estudiantes inmigrantes en EE.UU. “Mi experiencia al interactuar con los abogados del Departamento de Homeland Security es que a ellos no les ha agradado este tipo de directiva considerada "politica" y se apoyan en el concepto de "discrecion" que les otorga dicha directiva, para continuar con los procesos de deportacion. - afirma la abogada de inmigración Ana Ochoa Cohen, de Washington DC - Es frustrante e indefensible el comportamiento que estos funcionarios tienen, ya que que la directiva recomienda, a fin de reducir los cientos de miles de casos de deportacion ante las Cortes, el parar o cerrar los casos de deportación de aquellas personas que no constituyen amenaza o detrimento para la seguridad nacional de los EEUU. Lo más chocante es que hay niños muy pequeños que estan en proceso de deportación y a quienes se les ha denegado el cerrar su caso de deportación. ¿Qué justificación puede tener el Departamento de Homeland Security para deportar a criaturas que no tienen a nadie en su pais?” Recientemente el New York Times opinó que el Presidente Obama debe hacer todo lo posible para apoyar a los jóvenes que califican en el proyecto de ley Dream Act en lugar de promover las deportaciones en la nación. El Times resaltó que Obama ha superado a su predecesesor, George W. Bush, en la ejecución de más de un millón de deportaciones durante su gobierno.
Lo cierto es que el mandatario puede ejercer su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones, especialmente, de los jóvenes estudiantes que serían elegibles para el Dream Act. A través de una serie inspiradora de protestas, huelgas de hambre, marchas y otros esfuerzos de cabildeo, jóvenes defensores de los inmigrantes han construido un caso fuerte tanto para una protección temporal como para la legalización. El 28 de mayo pasado enviaron una carta a Obama firmada por más de 90 profesores de leyes de inmigración, explicando las formas en las que el mandatario podría permitir que estos jóvenes tengan un 'alivio administrativo' mientras esperan que el Congreso haga lo correcto. La Casa Blanca ha estado insistiendo en que sólo el Congreso puede aprobar el Dream Act y que puede ofrecer un alivio de deportación sólo sobre la base de la iniciativa "caso por caso". Sin embargo, los profesores apuntan convincentemente a medidas utilizadas por otros presidentes con su autoridad ejecutiva para proteger a grupos por razones humanitarias, como cuando Jimmy Carter y Bill Clinton protegieron a cubanos y haitianos de la deportación. Es más el gobierno del Presidente Obama ya lo ha hecho, con los huérfanos del terremoto de Haití. Un alto funcionario del gobierno dijo que demorar las decisiones de deportación en casos para personas no delincuentes permitiría la deportación más pronta de criminales. El aplazamiento no daría a los inmigrantes indocumentados una vía hacia la legalización, pero les permitiría solicitar permisos de trabajo.
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