WASHINGTON - La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el lunes que se pronunciará sobre la controvertida ley de Arizona contra los inmigrantes ilegales. Los magistrados dijeron que revisarán el fallo de una corte federal de apelaciones que bloqueó varias disposiciones estrictas de la ley de Arizona. Una de ellas ordena que la Policía estatal, mientras cumple con otras leyes, interrogue a las personas sobre su estado migratorio si se sospecha que están en el país ilegalmente. El gobierno de Barack Obama, a través del Departamento de Justicia, afirma que la regulación de la inmigración es trabajo del gobierno federal y no de los estados, pero Arizona afirma que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar a la inmigración ilegal y que los estados fronterizos sufren las consecuencias de forma desproporcionada. Leyes similares que fueron aprobadas en Alabama, Carolina del Sur y Utah también enfrentan demandas judiciales entabladas por el gobierno de Obama. Adicionalmente, organizaciones particulares han presentado demandas contra medidas de inmigración adoptadas por los gobiernos de Georgia e Indiana. La inmigración es uno de los temas destacados en la lucha por la nominación presidencial republicana y es probable que continúe siendo un asunto clave hasta las elecciones de noviembre, cuando Obama busca un segundo mandato. En sus primeros dos años, el gobierno de Obama fracasó en sus esfuerzos por cambiar la ley de inmigración, mientras los republicanos dejaron en claro que rechazarían lo que ven como intentos por darle amnistía a quienes viven ilegalmente en el país. Con el anuncio del lunes, la Corte Suprema salta a la palestra mientras el gobierno de Obama libra una furiosa lucha legal en contra de un mosaico de leyes estatales enfocadas en combatir a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. En su solicitud a la Corte Suprema para que revise el caso de inmigración, Arizona destaca la opinión del gobierno de que los estados "no tienen poder para usar sus propios recursos a fin de cumplir con los estándares federales de inmigración sin la expresa aprobación del ejecutivo, afecta la base de nuestro sistema de nación con soberanía doble y federalismo cooperativo". Muchos estados y gobiernos locales han tomado medidas con el objeto de contrarrestar los efectos de la inmigración ilegal, agrega el estado. El gobierno federal alega que esos desafíos legales que se procesan a través del sistema judicial son una razón para esperar y ver cómo actúan otras cortes. Por lo cual, recomienda que no se debe tomar el caso ahora.
