Cuatro acusados por fraude migratorio

LOS ANGELES -- Cuatro agentes federales fueron acusados de aceptar dinero, un televisor y pasajes de avión como parte de sobornos que se remontan más de una década a fin de que inmigrantes pudieran ingresar en Estados Unidos, anunciaron las autoridades. La investigación en curso dejó en evidencia a empleados de tres diferentes agencias federales y es el escándalo más reciente que implica empleados públicos acusados de tratar de colar inmigrantes en Estados Unidos. Entre los acusados de confabulación para recibir sobornos están James Domínguez, de 46 años, un agente especial de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; Jesús Figueroa, de 66 años, un supervisor de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración; y Michael Anders, de 53 años, agente de Aduanas y Protección Fronteriza. También fueron acusados Paul Lovingood, de 71 años, quien se retiró el año pasado de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, y Mirei Gia Hoffman, de 38 años, oriundo de Japón, quien buscaba estatus legal en Estados Unidos. Los fiscales federales dijeron que el abogado de inmigración Kwang Man Lee, quien fue acusado previamente en un caso relacionado, pagó sobornos a los funcionarios para asegurar sellos de ingreso y el estatus de residencia permanente legal a las personas que hicieron pagos que van desde unos pocos cientos de dólares hasta más de 50,000. Los sobornos iban desde 50 dólares hasta 10.000, dijeron los fiscales. Lee también está acusado de darle a Domínguez tres billetes de avión de ida y vuelta a Tailandia entre 2001 y 2003, y un televisor de 47 pulgadas a Lovingood a principios de este año. A cambio, los agentes ayudaron a más de 35 de los clientes de Lee, muchos de países asiáticos, a recibir estatus legal en Estados Unidos, dijeron los fiscales. Uno de los ejemplos citados en documentos de la corte afirma que Anders le dio tinta de seguridad a Lee, lo que le permitió al abogado crear falsos sellos de admisión. "Los alegatos de este caso se refieren a agentes del orden federales que venden sus servicios y traicionan su juramento a nuestra nación para poder beneficiarse de una red de fraude clandestino de inmigración que permitió a muchos extranjeros entrar de manera inapropiada y residir en Estados Unidos", dijo el fiscal Andre Birotte hijo. Si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno de los acusados se enfrenta a una pena máxima de al menos 10 años de prisión.

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