Reos quieren abolir la pena de muerte en EEUU

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    Hoy, la pena capital está vigente en 31 estados, mientras que no se aplica en 19, según datos del Death Penalty Information Center.

    Los tres presos condenados a muerte en Oklahoma, que en junio perdieron un litigio sobre la legalidad de las inyecciones letales, interpusieron ahora, semanas antes de ser ejecutados, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para prohibir la pena de muerte en todo el país.

    La nueva demanda interpela al voto discrepante que el juez progresista del Supremo Stephen Breyer emitió en el caso de las inyecciones letales, en el que no solo se mostró a favor de prohibirlas, sino que instó a declarar inconstitucional la pena de muerte.

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    "En lugar de arreglar las fallas legales de la pena de muerte una a una, me gustaría celebrar una sesión para discutir una pregunta más básica: si la pena de muerte viola la Constitución", apuntó Breyer, apoyado por su colega Ruth Ginsburg.

    De los otros siete magistrados que conforman el Alto Tribunal, dos se mostraron contrarios a la prohibición y cinco no emitieron opinión al respecto.

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    Ahora, los abogados de Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole pretenden que "el Tribunal utilice este caso para hacer frente a la constitucionalidad de la pena de muerte".

    "La decisión ya no afectará a las particularidades de un solo litigante, sino a las circunstancias comunes de la administración de la pena de muerte", apuntan los letrados en el escrito.

    En el caso de Glossip, cuya ejecución está prevista para el 16 de septiembre, los abogados abordan directamente la problemática de los inocentes que han sido condenados a muerte o ejecutados.

    Defienden que el preso, condenado por encargar un asesinato en 1997, es inocente.

    Para Grant, los letrados argumentan que tuvo una defensa de oficio deficiente, mientras que en el caso de Cole, quien asesinó a su hija de nueve meses, alegan que el preso tiene enfermedades mentales, como la esquizofrenia, nunca tratadas.

    Estas tres circunstancias forman parte de los problemas endémicos del sistema de la pena de muerte, según los demandantes.

    Cole será ejecutado el 7 de octubre, mientras que Grant, que en 1998 asesinó a un trabajador de la cafetería de la cárcel donde cumplía condena por varios robos, el 28 de octubre.

    En declaraciones al digital The Intercept, Glossip dijo: "No hay nada que quiera más que parar la pena de muerte. Ha llegado el momento de hacerlo".

    Glossip, Grant y Cole interpusieron una demanda el año pasado contra un sedante utilizado en las inyecciones letales al alegar que su uso viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de "castigos crueles o inusuales".

    El recurso tenía su origen en la ejecución en abril de 2014, en Oklahoma, de Clayton Lockett, que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó fuertes críticas y condenas.

    Los magistrados de la Corte Suprema decidieron a finales de junio con cinco votos a favor y cuatro en contra avalar las inyecciones letales.