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Una famosa frase dice: "No te metas con Texas". Pero con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca podría ser más apropiado decir: "Inténtalo y demandamos".
La oficina del Procurador General de Texas ha presentado 24 demandas contra el gobierno federal desde que Obama asumió el cargo; litigio que le ha costado al Estado $2.58 millones y más de 14,113 horas que abogados de planta y estatales han trabajado en esos casos.
Muchos de los que se han traducido en derrotas, incluyendo los recientes juicios, muy sonados, para defender la estricta ley de Texas que requiere que los votantes muestren identificación con foto en las urnas y los nuevos distritos electorales aprobados por el Estado, los cuales un tribunal federal de apelaciones dictaminó que son discriminatorios hacia las minorías. Esos dos casos solamente costaron más de $2 millones, según documentos obtenidos por The Associated Press mediante la Ley de Libertad de Información.
El procurador general de Texas, Greg Abbott, dijo que los costos valen la pena, llamando al litigio "una lucha sin precedentes contra la ideología procedente de la administración Obama". En una entrevista, dijo que estas batallas legales tienen el propósito de promover la industria y proteger los empleos de Texas.
Abbott tomó el cargo en el 2002 y demandó al gobierno federal en tres ocasiones entre el 2004 y el 2007, mientras que su colega republicano George W. Bush era presidente. Sin embargo, se abrieron las compuertas con Obama, y Texas ha demandado en dos docenas de ocasiones, desde el 2010. Dieciséis de las demandas de Abbott desafían regulaciones ambientales.
Los críticos dicen que dichas demandas afectan doblemente a los contribuyentes de Texas, obligándolos a pagar la factura de los gastos judiciales, mientras que a menudo las demandas desafían programas federales que podrían conducir a más dinero federal para el Estado a través de programas tales como el Medicaid.
Texas ha ganado cinco de los 27 casos de Abbott, perdió ocho y otros dos fueron anulados por que las regulaciones o leyes impugnadas fueron derogadas por el Congreso. Los otros 12 casos están pendientes.
En total, los casos federales de Abbott han costado al Estado más de $2.8 millones. Eso incluye $1.5 millones o más de los salarios de los empleados estatales que trabajan en los casos, cerca de $250,000 en gastos judiciales y gastos de viaje del personal de la oficina del Fiscal General, y cerca de $1 millón para abogados externos y peritos.
Además, personal de la Procuraduría General de la República y abogados estatales también han pasado más de 17,325 horas de trabajo en estos casos. Lo que es igual a más de ocho empleados estatales dedicando un año completo de 40 horas a la semana a las demandas contra el gobierno federal.
