Arpaio, desafiante y popular

PHOENIX - Las carreras de la mayoría de los políticos se derrumbarían bajo el intenso escrutinio que encara el autoproclamado alguacil más estricto de Estados Unidos.

Pero pese a una catarata de problemas legales, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, sigue siendo popular entre los votantes y tiene más de 3,4 millones de dólares en el banco para la campaña con la que buscará reelegirse en noviembre.

El Departamento de Justicia nacional demandó el jueves al alguacil acusándolo de que sus agentes etiquetaron racialmente a los hispanos, una medida que según sus críticos lo hará acallar pero que de acuerdo con sus partidarios elevará su popularidad.

"Es el nuevo Wyatt Earp", dijo Tom Morrissey, director del Partido Republicano de Arizona, en referencia al legendario sheriff de Arizona.

"Lo que él apoya tiene repercusión en todo el país", afirmó Morrissey, jefe de policía retirado. "Cientos, y a veces miles de personas lo aclaman dondequiera que va. Eso es muy elocuente".

El republicano agregó que la posición estricta de Arpaio frente a la inmigración no autorizada lo ha hecho popular.

Aun mientras el Departamento de Justicia interponía la demanda contra Arpaio, aduciendo que abusó de sus poderes y violó la Constitución, el jefe de policía ofrecía una conferencia de prensa en actitud desafiante.

"Lucharé hasta el final", dijo visiblemente disgustado, y agregó que nada afectará su posibilidad de triunfar en las elecciones de noviembre.

"Saben que me van a elegir. Es una cuestión nacional", afirmó.

Arpaio cobró notoriedad en parte por hacer que los presos usen calzoncillos de color rosa, trabajen encadenados en cuadrillas y duerman en carpas.

Después buscó un mayor papel de la policía para hacer cumplir la ley inmigratoria y desde enero del 2008 ha lanzado 20 patrullas en busca de inmigrantes sin autorización para residir en el país.

La demanda del jueves es parte de los esfuerzos por hacer cumplir una ley federal que prohíbe a la policía violar sistemáticamente los derechos constitucionales.

El Departamento de Justicia acusó inicialmente a Arpaio en diciembre, por considerar que en su departamento prevalecía un ambiente de desconsideración por los derechos constitucionales básicos.

Arpaio niega toda irregularidad y desestima el caso como un ataque políticamente motivado por el gobierno de Barack Obama.

El departamento de policía de Arpaio es acusado de castigar a los presos hispanos por hablar español y de despachar patrullas en base a denuncias no de delitos específicos sino de preocupación por ver reunidas personas de tez oscura o que hablaran español.

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