MÉXICO -- El gobierno dijo el jueves que aguarda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el asesinato de tres mujeres en la fronteriza Ciudad Juárez, aunque representantes de las víctimas afirmaron que el tribunal ha decidido condenar al Estado mexicano.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dictado aún sentencia sobre el caso... y anunció que en su actual periodo de sesiones que tiene lugar en Costa Rica emitirá su sentencia en los próximos días", señalaron en un comunicado conjunto las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

Sin embargo, David Peña, representante de "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", una de las organizaciones promotoras del caso, dijo a la AP que habían recibido información de que la CorteIDH había fallado en contra del Estado mexicano, aunque debido a que no han sido notificados oficialmente no tenían detalles de la sentencia.

La corte admitió el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y cuyos cuerpos aparecieron en 2001.

Ciudad Juárez, con más de un millón de habitantes, atrajo la atención nacional e internacional cuando en 1993 comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres en zonas desérticas y alejadas, algunas violadas y mutiladas, en uno de los casos más paradigmáticos de violencia de género en México.

"Nuestras Hijas de Regreso a Casa" sostiene que hasta 2007 habían sido asesinadas más de 500 mujeres.

En abril se presentaron ante la CorteIDH los testimonios sobre la muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, como parte de la denuncia presentada en noviembre de 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión alega que el estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional por "la presunta falta de medidas de protección a las supuestas víctimas", así como falta de prevención de los crímenes "pese a un presunto patrón de violencia de género que habría dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas".

Los asesinatos de mujeres llevó a grupos civiles y familiares a señalar que se trataba de homicidios con un mismo patrón y posiblemente de un asesino en serie.

Una fiscalía especial mexicana concluyó a principios de 2006 que no hubo asesinatos en serie ni era la ciudad donde se habían registrado más homicidios de mujeres, lo que dejó inconforme a varios activistas.

"A lo largo de este caso, y durante la audiencia pública, el Estado mexicano ha expuesto ante la Corte todas las medidas institucionales y de políticas públicas que se han emprendido para proteger a las mujeres en contra de la violencia. También ha reiterado su compromiso en la lucha contra la impunidad", señalaron las dependencias mexicanas en su comunicado.