TEGUCIGALPA -- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, criticó el miércoles la advertencia de la OEA de suspender a Honduras de su seno si no restituye al depuesto presidente Manuel Zelaya.

"La mayoría de las personas que ahora nos condena no ha estado presente en el país para vivir con alguien intransigente que no atendía razones jurídicas, ni éticas, ni políticas, por lo que el diálogo se volvió imposible", dijo Custodio a la AP en alusión a Zelaya.

Instó a la ONU, OEA y gobernantes latinoamericanos a "no pretender dirigir la existencia de Honduras" y a "tomar en cuenta el derecho a la autodeterminación y la actitud sensata de nuestra sociedad que en este momento está dedicada a olvidar los conflictos políticos generados por el autoritarismo" de Zelaya.

Mientras tanto, Roberto Micheletti, quien asumió el domingo por disposición del Congreso, ha iniciado una ofensiva diplomática para bajar la tensión internacional hacia el país.

La encabeza el canciller Enrique Ortez, quien aseguró a periodistas que "nos encargaremos de demostrar que el nuevo gobierno respeta la ley y que lo único que se hizo aquí fue separar a un presidente por violar sistemáticamente la Constitución".

Pidió presentarse "de inmediato" a Tegucigalpa a los embajadores en la ONU, Jorge Reina, y la OEA, Carlos Sosa, leales a Zelaya, y a Roberto Flores, en Washington.

También ha emprendido un diálogo nacional, cuya i iniciativa la coordina el socialdemócrata German Leitzelar.

"En la primera reunión (del martes) estuvieron numerosos líderes de maestros, obreros, campesinos, ganaderos, empresarios e industriales", dijo Leitzelar a la AP. "Y elaboramos un plan de país con los puntos de vista de toda la sociedad".

La legislatura fijó la noche del martes en forma unánime su posición de reafirmar a la comunidad internacional su "absoluta determinación de mantener las decisiones orientadas a respaldar el orden constitucional y la nueva integración del poder".

Anunció que revisa la conveniencia de que Honduras siga afiliada a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba) "considerando las amenazas y ofensas al país (de enviar tropas a Honduras) vertidas por el presidente (venezolano) Hugo Chávez". Zelaya adhirió a Honduras al Alba en agosto.

Custodio también aclaró que "el golpe de Estado del que hablan en el ámbito internacional tiene otras características que lo diferencian de los verdaderos porque las autoridades legalmente constituidas del país actuaron sin balas y sobradas argumentaciones de los tribunales".

Zelaya ha sido encausado por las fiscalía por numeroso delitos y le aguardan 20 años en prisión,

"Entonces, ¿qué quieren los pueblos del mundo?", se preguntó Custodio.

"Si nuestro pueblo cayó en la arbitrariedad fue por respetar la Constitución que otorga a los hondureños el derecho a la insurrección... y los pueblos del mundo deben tomar un ejemplo de cómo una sociedad sensata, basada en principios y valores constitucionales, retoma el curso y vuelve a la constitucionalidad al nombrar un nuevo presidente (Roberto Micheletti)", añadió.

Advirtió que Micheletti sustituyó a Zelaya con el apoyo de los militares porque no había vicepresidente en el país, luego que Elvin Santos dimitió hace siete meses al convertirse en candidato presidencial para las elecciones generales de noviembre por el oficialista Partido Liberal.

"Zelaya entonces sustituyó (a Santos) de dedo y, violando la Constitución, puso en su lugar al ex ministro de Defensa (Arístides) Mejía", destacó.

Según Custodio, "parece que los pueblos del mundo hubieran querido que Zelaya nos llevara a un escenario de violencia... y la violencia se sabe cómo comienza pero no cómo termina".

Sólo con su aval, Zelaya convocó a la población el 28 de junio a una "consulta popular" que integraría una Constituyente para reformar la ley fundamental, la que la oposición consideró que usaría para reelegirse, lo que prohibe la Constitución. Ese día Zelaya fue depuesto.

"Y no se puede confiar en una persona que pone las urnas, los votos y los votantes sin ningún control y al margen de la ley", subrayó tras asegurar que "se trataba de una crisis que no se pudo resolver a través del diálogo porque siempre que se llegaba a un acuerdo, Zelaya continuaba en su misma actitud de desafiar las leyes".

"En pleno siglo XXI, un poder del Estado, ejercido por una persona que dijo 'el Estado soy yo' causó que fuéramos al anacronismo histórico. No puede ser que la mayoría del pueblo esté equivocada y que sólo él (Zelaya) tenga la razón", agregó.