TIJUANA, México -- Adán Jiménez, de 47 años de edad, es un hombre musculoso y de cabeza rapada, con múltiples tatuajes en las muñecas y un gran número 18 en el cuello. Su piel ajada y mirada severa revelan una vida dura y una lucha interna.

"Soy Adán y soy un adicto. Llevo 112 días sin consumir (heroína) y sigo animado para continuar mi sanación aquí con ustedes", dice, a título de presentación. Unos 300 hombres le contestan casi gritando: "¡Animo!".

Son las 5:30 de la mañana y ya hay actividad en el Centro de Rehabilitación La Vereda, en Tijuana, hogar temporal de al menos 350 adictos a las drogas en recuperación, incluyendo una veintena de menores de edad.

En un rincón, con visible dificultad para respirar, está Julio César González, de Valparaíso, Zacatecas, quien luego de 10 años viviendo en Chicago fuera detenido en una redada en su lugar de trabajo y deportado a Tijuana.

Luego de tres meses de estar intentando cruzar para Estados Unidos, González cayó en la adicción a la heroína desde hace siete meses.

Esta mañana, esperó recostado a la puerta de La Vereda.

González asiente levemente mientras los encargados del centro explican las reglas de la casa. Visibles gestos de dolor en el rostro son los primeros síntomas de la ansiedad del adicto conocida como "malilla".

"Llevo aquí un año tratando de cruzar y se me hizo fácil empezar a usarla. Allá tengo todo, mi esposa, mi niño, mis papás. Todos siguen allá en Illinois... Les acabo de avisar que voy a estar aquí, les di el teléfono", explica.

Hasta el año pasado, Baja California era el estado de mayor consumo de drogas en México y Tijuana la ciudad con mayor número de adictos a nivel nacional, donde autoridades de salud estiman que hay al menos 200.000 adictos, la mayoría de ellos usuarios de anfetaminas o "cristal", por ser una droga sintética de fácil manufactura y bajo precio.

Entre los factores para este alto índice de adictos está la proximidad con Estados Unidos y el que Baja California haya sido el epicentro del trasiego de drogas a este país, por California, desde la década de 1980, según la doctora Virginia Ilescas, investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

A esto se suma la gran cantidad de población flotante y la constante deportación de gente que emigró a Estados Unidos, incluida una gran población penitenciaria, con altos índices de adicción, quienes raramente son atendidos durante el cumplimiento de su sentencia.

"(Baja California) Quizás ya no sea el número uno en adicciones, no porque haya bajado, sino porque otras entidades han incrementado su consumo. Esto es muy evidente por ejemplo en Tamauliapas y Chihuahua", explica la doctora.

Para Ilescas, hay una desarticulación entre el combate contra el tráfico de drogas y el combate contra las adicciones, y advierte que una visión meramente policíaca del problema puede repercutir en el recrudecimiento de la violencia e incluso hacer más lucrativo el narcotráfico.

"Cada vez que decomisan toneladas de cualquier tipo de droga lo único que están haciendo es incrementar el precio de estas sustancias; porque no se ha visto en ningún lado ni hay reportes ni hay metas donde se tenga alguna estadística de que se quiere lograr en cuanto al mercado de consumo", señala.

El congreso de Estados Unidos acaba de asignar 420 millones de dólares al Plan Mérida, la mayoría del dinero destinado a México será para la compra de helicópteros, armamento, capacitación policíaca y reforma judicial.

"En el esquema del plan México se contempla una coordinación de estas tres instancias pero con fines de punición, más que de atención a las adicciones", afirma Ilescas.

El Instituto de Psiquiatría de Baja California, encargado de la tarea de tratamiento y prevención del consumo de drogas, trabaja con un prepuesto anual de aproximadamente 4,3 millones de dólares.

Según datos de la Secretaría de Salud de Baja California, hay 170 centros de rehabilitación de adictos formalmente constituidos en el estado, de los cuales el 95% son organismos civiles sin fines de lucro.

Muchos de los familiares de adictos son ellos mismos los que toman la responsabilidad de recluir al adicto en contra de su propia voluntad.

"Nosotros trajimos a mi hermano a la fuerza porque ya era insoportable; un adicto no se va solo al hoyo, nos jala a todos con él", explica Marta Goudino, residente de Los Angeles, California, quien acude los domingos a ver a su hermano a La Vereda.

Estos centros que empezaron a surgir en Baja California hace al menos 20 años, son en su mayoría dirigidos por ex adictos recuperados y pastores de iglesias, quienes basan la recuperación en programas de ayuda mutua de 12 pasos como Narcóticos Anónimos, en la conversión a la fe o una mezcla de ambos.

A pesar de que la mayoría de los centros de rehabilitación recibe algún tipo de ayuda gubernamental en forma de apoyo económico directo, despensas, o la condonación de pago de agua, no han tenido una relación estrecha o constante con autoridades de salud.

La mayoría busca recursos para subsistir estableciendo convenios con comercios locales; algunos se ha vuelto vendedores del semanario Zeta y otros se dedican a vender productos como muebles o casas para mascotas, que los internos producen.

El secretario de salud de Baja California, José Guadalupe Bustamante Moreno, dice que la lucha es difícil porque los recursos no son constantes y la continuidad de los programas está en jaque cada vez que hay un cambio de administración. Es por eso que prefiere apoyar a los centros de rehabilitación que crear otros del estado.

"La realidad en los centros de rehabilitación ya no es la misma que lo que sucedía hace 16 años, porque yo fui el que abrí las puertas. Ya no se oye de calabozos, encadenados, ni muertos y como gobierno. No voy a abrir un centro porque con lo que yo voy a gastar mejor se lo doy a los centros que han acumulado tanta experiencia a lo largo de 20 años", manifestó.

El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, secretario de seguridad pública, considera que el problema de las adicciones es exacerbado por la presencia de personas deportadas por Estados Unidos que como González, caen en la tentación de las drogas, eternamente disponibles en las calles de Tijuana.

Como respuesta, el comandante busca un acercamiento con cámaras de comercio y grupos de apoyo a emigrantes para buscar recursos para devolver a los adictos a sus lugares de origen.

"La idea es sacarlos en autobús, pagarles el autobús y decirle al chofer del autobús: 'No lo bajes hasta que llegue a Nayarit, a Jalisco, a Querétaro o a donde vayan ellos'. Bañarlos y todo, darles ropa y convencerlos de que aquí no tienen futuro, que un día van a amanecer muertos de una sobredosis o va a haber una inundación en el canal, no van a alcanzar a salir y van a ir a acabar al mar", sentencia el funcionario.

Ningún programa de prevención llegó a tiempo para evitar que Jesse N. (no se da su nombre completo por ser menor) llegara a la adicción desde muy pequeño.

Hijo de una prostituta que creció en la zona de tolerancia de Tijuana, Jesse comenzó a fumar marihuana a los ocho años, a los 11 el cristal, para luego escaparse de su casa adicto a los inhalantes, envuelto en una vida de crimen y viviendo en la canalización.

Aun con facciones redondas, de cachorrito, Jesse narra su entrada al centro.

"Un día que estaba drogado y muy triste, me salí de la canalización (del Río Tijuana) y paré una patrulla. Le dije al policía que esto no era vida, si no habrá algún lugar donde yo pueda ir. Y me trajo aquí a La Vereda", relató Jesse, que a pesar de estar limpio desde hace 9 meses no pesa mas de 50 kilos (110 libras). "Aquí me quiero quedar. Todo el mundo sabe que estar aquí es estar como con otra familia".