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El oficial de Texas que le disparó desde un helicóptero a una camioneta que huía cerca de la frontera con México y mató a dos inmigrantes irregulares regresó al trabajo pero a una función diferente, informó el Departamento de Seguridad Pública del estado.
El anuncio fue hecho el jueves menos de una hora después de que la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y varias organizaciones locales defensoras de los derechos civiles se reunieron cerca del lugar donde ocurrió la agresión el 25 de octubre.
Los grupos solicitaron que el caso sea investigado por un organismo independiente y ajeno a la institución policial. Por ahora, los Rangers de Texas, el cuerpo de elite del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), encabeza la investigación.
Algunos legisladores estatales solicitan una reunión inmediata de un comité legislativo que supervisa a la policía del estado.
El DPS identificó al agente implicado como el oficial de vuelo táctico Miguel Avila, quien fue puesto en licencia administrativa inmediatamente después del incidente. Desde entonces ha vuelto al trabajo pero fue cambiado a una función administrativa a la espera del resultado de la investigación.
La persecución comenzó luego de que un grupo de vigilantes del organismo Parques y Vida Silvestre de Texas detectaron una camioneta pickup roja en las inmediaciones de la ciudad de La Joya cerca de México, a unas 250 millas al sur de San Antonio. El helicóptero del departamento se sumó durante la persecución a gran velocidad en un tramo de casi 14 millas. La tripulación creía que se trataba de un "típico cargamento encubierto de drogas" y Avila disparó desde el aire para inutilizar el vehículo.
La camioneta cayó a un vado. Seis inmigrantes irregulares de Guatemala, y no drogas, estaban ocultos bajo una lona en la caja de la pickup. Dos murieron y un tercero quedó herido. En total, dijo el departamento policial, había 10 personas en la unidad.
La ACLU, en una carta enviada el jueves a Steve McCraw, director del DPS, insinuó que el uso de fuerza letal fue "ilegal e inconstitucional" y pidió una investigación de una entidad ajena a esa dirección de seguridad.
El adolescente de 14 años que conducía la camioneta fue detenido, pero luego fue entregado a su abuela y al parecer huyó. Las autoridades emitieron el equivalente juvenil a una orden de arresto.
La cónsul de Guatemala en la ciudad de McAllen ha expresado escepticismo de que la policía no haya podido ver a personas en la camioneta. El gobierno guatemalteco ha solicitado una investigación.
