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CAROLINA DEL SUR - La ley exige que se consulte es estatus migratorio de un empleado a través del sistema federal e-verify luego que entró en vigor la ley el pasado domingo 1 de julio.
La agencia de empleo de Carolina del Sur ha advertido a empresas en todo el estado: revisen el estatus migratorio de sus empleados mediante un sistema en internet gratuito o enfrenten penalidades inmediatas a partir del domingo.
El período de introducción de la disposición en contra de inmigrantes sin permiso legal de estar en el país termina con el año fiscal. Para empresas de todos los tamaños, esto significa que ya no habrá advertencias para una primera violación.
La ley exige que las empresas utilicen el programa federal en línea E-verify para asegurarse de que sus nuevos contratados están legalmente en el país o enfrentarán castigos que empiezan con un período de prueba y progresar a un cierre forzado. Los empleados deben ser verificados mediante el sistema dentro de los primeros tres días laborales luego de ser contratados.
"Nadie podrá evitar tener repercusiones después del 1 de julio", dijo Jim Knight, que supervisa el cumplimiento migratorio para el Departamento del Trabajo, Licencias y Regulaciones.
Los requisitos para los empleadores fueron parte de una ley de inmigración más amplia aprobada el año pasado. Entre otras cosas, exige que los agentes de las policías locales revisen el estatus migratorio de cualquier persona de la que sospechen que pueda estar en el país de manera irregular. Mientras que las partes criminales de la ley fueron impugnadas en un tribunal federal, las disposiciones para empresas quedaron intactas.
Los legisladores agregaron el apartado empresarial para modificar la ley de inmigración estatal de 2008, por lo que las reglas de Carolina del Sur en cuanto a la revisión del estatus de los empleados estuviera de acuerdo con la decisión del año pasado de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esa ley de 2008 empezó a aplicarse a las empresas de todos los tamaños en julio de 2012. Sin embargo, los cambios del año pasado retrasó la aplicación de la ley. Los cambios incluían deshacerse del sistema de multas y dejar de permitir que las empresas usaran la licencia de conducir como confirmación del estatus migratorio
