"Dreamers" de Carolina del Norte en el limbo

"Dreamers" de Carolina del Norte en el limbo

Las autoridades necesitan "aclarar" con inmigración antes de dar licencias.

El Departamento de Vehículos Automotores dijo que está a la espera de que las autoridades de inmigración aclaren

El Departamento de Vehículos Automotores dijo que está a la espera de que las autoridades de inmigración aclaren "qué documentos son aceptables como prueba de presencia legal en el país"

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RALEIGH (Carolina del Norte) - Los jóvenes inmigrantes de Carolina del Norte que aplazaron temporalmente sus deportaciones bajo un nuevo programa migratorio del gobierno de Barack Obama, la Acción Diferida, no podrán obtener sus licencias de conducir hasta tanto las autoridades locales analicen si esa medida es compatible con las leyes estatales, o no.

La directiva presidencial dice que los jóvenes que se encuentren estudiando, se hayan alistado en el Ejército y que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños pueden suspender su deportación, tener un permiso de trabajo y un número de Seguro Social.

Con esta documentación, muchos de ellos hicieron los trámites para obtener una licencia de conducir y la obtuvieron.

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Pero en un comunicado, el Departamento de Vehículos Automotores dijo que está a la espera de que las autoridades de inmigración aclaren "qué documentos son aceptables como prueba de presencia legal en el país" y a que la oficina del Fiscal General estatal emita una opinión sobre si el programa federal "es compatible con las leyes estatales".

"El Departamento de Vehículos Motores no tiene planes de emitir licencias de conducir bajo este programa federal hasta que esos asuntos sean determinados", dijo Margaret Howell, vocera de la entidad en una declaración escrita.

El pedido de aclaración al Fiscal General estatal se hizo el diez de septiembre mediante una carta enviada por el entonces Comisionado de Transporte, Michael D. Robertson.

En la misiva, pide la opinión legal sobre si los permisos de trabajo de personas con el código especial C33, que identifica a los beneficiarios de la suspensión temporal de la deportación, constituyen prueba de "presencia legal" en el país.

Noelle Talley, vocera de la oficina del Fiscal informó que abogados de esa oficina aún "están revisando los asuntos legales involucrados en el asunto" pero que no había un plazo para emitir la opinión legal.

En la carta del comisionado Robertson se informa que el estado no otorgará licencias a estos inmigrantes hasta no recibir una respuesta.

Carolina del Norte no otorga licencias a extranjeros sin papeles desde 2006 y, aparentemente, no piensa cambiar de política pese a la directiva de Obama que prácticamente les dio un alivio y una documentación provisional a los `dreamers'.

Pese a que esa decisión se tomó en septiembre, sólo se hizo pública en enero después de que el semanario en español "Qué Pasa" publicó el caso de una joven mexicana a quien una oficina del Departamento de Vehículos en Erwin, al sur de Raleigh, le negó la licencia de conducir tras haber aprobado las pruebas de visión, manejo y el examen sobre las reglas de tránsito.

Al igual que ella, cuya identidad reservamos por temor a represalias, varios jóvenes cuyas deportaciones fueron suspendidas bajo la nueva directiva presidencial, les fueron entregados sus permisos de manejo, al menos entre septiembre y diciembre pasado.

Brayan, un joven mexicano de 16 años cuya identidad accedimos a no revelar por temor a represalias, dijo a la Associated Press que obtuvo su licencia en septiembre.

"No me preguntaron nada, solo llevé mi seguro social, mi permiso de trabajo, mi certificado de nacimiento y mis papeles de la escuela y me aprobaron mi licencia", dijo. "Me llegó en cinco días".

Unos 1,8 millones de personas pueden ser cobijadas por el beneficio de la suspensión temporal de la deportación, según cifras de mediados de diciembre del Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Unos 368,000 ya solicitaron el aplazamiento de su deportación y 103,000 ya fueron aprobadas.

Unos 157,000 casos se encuentran bajo estudio, de los que 13,000 corresponden a Carolina del Norte.

La abogada Katy Chávez dijo que varios de sus clientes lograron obtener sus permisos de manejo y que no había escuchado de caso contrario alguno hasta que el semanario Qué Pasa reportó el caso de la joven mexicana.

"Tengo como 40 solicitudes de la acción diferida que ya han sido aprobadas y puedo decir que casi todos, unos 30, ya sacaron su licencia de conducir", dijo la abogada a la AP. "Algunos están esperando a cumplir 16 años pero nadie había tenido problemas".

Para asegurarse de que sus oficinas no emitan más licencias de conducir a los `dreamers', el Departamento estatal actualizó recientemente sus requisitos y prohibió específicamente que los permisos de trabajo de éstos inmigrantes sean aceptados como prueba de "presencia legal" en el país.

En un comunicado reciente, esa entidad informó que canceló 13 licencias de conducir emitidas "por error" a `dreamers' "antes de que la actualización de la base de datos federal se hubiera completado".

"Para mantener la coherencia de la política, el Departamento de Vehículos Automotores envió notificaciones por correo a esos solicitantes el 11 de enero, haciéndoles saber que sus licencias fueron emitidas por error y que, por lo tanto, sus privilegios de conducir han sido cancelados", dijo el comunicado.

El abogado Marty Rosenbluth, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de Carolina del Norte, se mostró sorprendido y advirtió que la entidad estatal podría estar incurriendo en una ilegalidad.

"Si en efecto esto es una nueva política, nuestra posición es que esto es ilegal porque el Departamento de Vehículos Motores no puede decidir por su propia cuenta a quién dar las licencias de conducir, eso es una forma de discriminación", dijo a la AP. "No tienen base para discriminar a un grupo de personas sólo por el tipo de permiso de trabajo que tienen".

El Centro de Justicia de Carolina del Norte y el capítulo estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles enviaron el 11 de enero una carta al Fiscal General estatal, Roy Cooper, pidiéndole aconsejar a la entidad que continúe emitiendo los permisos de manejo.

En la carta, los abogados de dichas organizaciones sostienen que la falta de "estatus legal" de los beneficiarios de la suspensión temporal de la deportación es irrelevante para solicitar una licencia de conducir pues el estatuto general de Carolina del Norte sólo exige prueba de "presencia legal".

"Estos inmigrantes viven y trabajan legalmente en este país, tienen todos los requisitos para recibir una licencia de conducir en Carolina del Norte, y no hay ninguna razón legal o práctica para negarles sus licencias", dijo Kate Woomer-Deters, abogada del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Centro de Justicia.

"Que Carolina del Norte no otorgue licencias de conducir a gente que tiene todos los requisitos genera serias preocupaciones constitucionales," dijo Raul Pinto, abogado de la ACLU. "No tiene sentido el decir que gente autorizada a vivir y trabajar en los Estados Unidos no tenga permitido manejar".

En la misiva, los abogados de las organizaciones dicen también que si el Fiscal General no responde hasta el 18 de enero, "evaluarán las opciones legales de los beneficiarios cuyas licencias de conducir han sido negadas o demoradas".

No todos están en contra de la decisión. El grupo N.C. Listen, que promueve la erradicación de la inmigración ilegal en Carolina del Norte, aplaudió la medida de negar las licencias a los `dreamers'.

Ron Woodard, director de la organización, dijo al periódico News and Observer de Raleigh que miembros de su grupo contactaron a legisladores y líderes del Departamento para alentarlos a no emitir licencias a los beneficiarios de la suspensión temporal de la deportación; programa federal al que califican de ilegal.

"Solo porque nuestro presidente ha hecho algo ilegal no significa que nuestro estado debería también hacer algo ilegal", dijo Woodard al periódico.

Grupos de dreamers locales han anunciado que iniciarán acciones para defender su derecho a conducir.

José Rico, vocero de un grupo de `dreamers, dijo a la AP que una de las primeras acciones será convocar a una marcha frente a las oficinas de la agencia estatal el próximo martes 22 de enero.

"Lo que están haciendo es una discriminación porque el Departamento de Vehículos Motores acepta los permisos de trabajo pero no los de nosotros", dijo Rico. "Es absurdo no tener una licencia cuando tenemos un permiso de trabajo, ¿cómo vamos a ir a trabajar?".

Rico informó que otros grupos de `dreamers' también planean recoger firmas de apoyo para una petición que será dirigida al Secretario de Transporte, Tony Tata, y al Fiscal General estatal para que puedan obtener sus licencias.

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