Denuncian legisladores abandono de ley de inmigración

WASHINGTON DC. -- La aplicación de la ley de inmigración en centros de trabajo --un principio medular de la reforma a debate en el Congreso-- disminuyó en forma considerable tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, advirtieron el lunes legisladores.

El número de trabajadores ilegales detenidos cayó de 2.849 en el año fiscal de 1999 a 445 en el 2003, señaló ante una audiencia del Comité Judicial del Senado la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el organismo investigador del Congreso conocido como GAO por sus siglas en inglés.

En un reporte afirmó también que el número de notificaciones de multa a empleadores por llenar inadecuadamente los formatos para trabajadores extranjeros o por contratar concientemente a trabajadores ilegales se redujo de 417 a sólo tres en el mismo lapso de cuatro años.

La GAO refirió asimismo que el número de los agentes de inmigración dedicados a revisar los centros laborales cayó de 240 en 1999 a 90 en el 2003.

"Con razón muchos empleadores ven la aplicación de la ley como una remota posibilidad, y a toda sanción como el costo de hacer negocios", dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas, quien preside el subcomité de inmigración, seguridad fronteriza y ciudadanía.

Julie Myers, secretaria adjunta de la agencia de inmigración y aduanas de Estados Unidos, reconoció en la audiencia que el sistema actual "de emitir multas monetarias que eran rutinariamente mitigadas o ignoradas tuvo poco o ningún efecto disuasivo".

Las multas por no revisar los documentos de un empleado pueden ser de apenas 110 dólares, menos que por infringir el reglamento de estacionamiento en la ciudad de Nueva York, señaló Stewart Baker, secretario adjunto para el desarrollo de Políticas en el Departamento de Seguridad Interna.

La Cámara de Representantes y el Senado han aprobado proyectos de reforma en inmigración que solicitan a los siete millones de empleadores en Estados Unidos la revisión de la situación legal de los trabajadores mediante un programa electrónico.

Las dos instancias legislativas negocian ahora las diferencias en las dos iniciativas. El proyecto senatorial incluye disposiciones para conceder la ciudadanía a determinados inmigrantes ilegales.